Seguridad interna
El ejercicio del monopolio de la violencia legítima, a cargo del Estado, se ha malinterpretado como si únicamente éste tuviera el derecho exclusivo de ejercerla, incluso para asuntos de defensa. Esta visión ha provocado que los ciudadanos mexicanos hayamos perdido nuestro derecho natural a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad.
Como consecuencia, el Estado ha generado un desequilibrio en materia de seguridad, ya que no existe fórmula capaz de proteger a millones de ciudadanos indefensos frente a las malas intenciones de un sector de la sociedad dispuesto a delinquir.
El monopolio de la violencia debe entenderse como la obligación del Estado de garantizar la seguridad. Esta puede ser ejecutada mediante servicios públicos provistos directamente por el Estado, por servicios privados o incluso por los propios ciudadanos, siempre que se apeguen al derecho natural de la legítima defensa y a estándares de seguridad definidos en conjunto entre la sociedad civil y el Estado.
Propuesta de valor
Para recuperar y mantener el equilibrio de seguridad que el Estado mexicano necesita con urgencia, debe asumirse que los servicios de seguridad ofrecidos por los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) son y seguirán siendo la garantía de la seguridad interior del país.
Dichas instituciones deberán fortalecerse, profesionalizarse, reestructurarse y transformarse, migrando de un esquema centrado en la prevención hacia un modelo de seguridad y justicia. Es decir, las distintas corporaciones policiales dejarán de limitarse a la prevención y pasarán a enfocarse en la investigación y persecución del delito.
La figura de la seguridad privada, actualmente existente pero restringida, dejará de estar limitada. Así, coexistirán la seguridad pública y la privada, ambas con el mismo nivel de garantías, e incluso con la posibilidad de que los servicios privados superen en calidad a los públicos. Estos estarán disponibles para los ciudadanos que deseen y puedan pagar por ellos.
Asimismo, todo ciudadano deberá gozar del derecho a la legítima defensa, así como a la libre posesión y portación de armas de fuego. Los lineamientos para ejercer este derecho se detallan en el apartado de Seguridad externa.
La Policía Federal será la encargada de regular tanto los servicios públicos (en sus tres niveles) como los privados de seguridad y justicia. Esto no implicará un nuevo monopolio, sino un modelo de colaboración tripartita:
- Policía Federal como ente regulador. Creará formatos, manuales y procedimientos para la constitución de entidades de seguridad pública y privada, además de diseñar los estándares necesarios para acreditar a dichas instituciones.
- Asociaciones civiles como entidades de equilibrio. Actuarán como intermediarias entre la Policía Federal y las organizaciones públicas y privadas, acreditando a los organismos de seguridad y justicia conforme a los estándares establecidos.
- Organismos públicos y privados de seguridad y justicia. Integrados por la propia Policía Federal, las policías estatales y municipales, y empresas privadas certificadas. Todo organismo, público o privado, deberá estar acreditado para operar.
Los costos derivados del proceso de certificación, así como los de los servicios privados de seguridad y justicia, serán determinados por el mercado y nunca por la Policía Federal ni por otras instancias gubernamentales.
Los impuestos generados (impuesto al consumo) se destinarán directamente a la Policía Federal y a los gobiernos estatales o municipales correspondientes, formando parte de su presupuesto.
Bajo este esquema, la seguridad interna se verá fortalecida. Los tres órdenes de gobierno continuarán encabezando el ejercicio de la seguridad, mientras que la Policía Federal coordinará a las organizaciones privadas certificadas por organismos ciudadanos para garantizar un sistema integral en beneficio de cada región del país.
Seguridad externa
El Estado, a través de las Fuerzas Armadas, garantiza la integridad, independencia y soberanía de la nación mexicana. Sin embargo, esta responsabilidad no debe asumirse como un monopolio, lo que implica que las Fuerzas Armadas no deben considerarse parte del monopolio de la violencia, incluyendo la defensa, aun bajo el argumento de la defensa nacional.
Una nación libre, integrada por ciudadanos libres, debe ser capaz de defenderse de manera legítima contra enemigos externos, internos e incluso, si fuese necesario, de su propio gobierno. Para ello, todo ciudadano deberá contar con el derecho a la legítima defensa y a la libre posesión y portación de armas de fuego.
Propuesta de valor
Las Fuerzas Armadas, conformadas por el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México, seguirán siendo las garantes de la seguridad interior y exterior de la nación. Estas instituciones deberán fortalecerse no para crecer de manera orgánica, sino para mantener el prestigio y honorabilidad demostrados hasta ahora y enfrentar los retos de la nación libre que buscamos construir.
El servicio militar seguirá existiendo, pero voluntario, en favor de ciudadanos libres y responsables, capaces de defenderse a sí mismos, a sus familias, propiedades, territorio y nación. Todo ciudadano gozará del derecho a la legítima defensa y a la libre posesión y portación de armas de fuego.
El Ejército Mexicano será la entidad reguladora de la compraventa, posesión y portación de armas de fuego. Este proceso, nuevamente, seguirá un esquema tripartito:
- Ejército Mexicano como ente regulador. Diseñará formatos, manuales, procedimientos, cursos de adiestramiento y exámenes clínicos y psicológicos necesarios para acreditar a un ciudadano como apto para portar armas.
- Asociaciones civiles como entidades de equilibrio. Actuarán como intermediarias entre el Ejército y los ciudadanos. Acreditarán empresas certificadoras de ciudadanos y/o de compraventa de armas, además de llevar el Registro Nacional de Armas de Fuego, que permanecerá en sus manos y no en las de ninguna institución gubernamental. La privacidad en la posesión de armas será una garantía, y la información solo podrá compartirse con autoridades mediante resolución judicial.
- Organizaciones empresariales y ciudadanos. Las empresas vendedoras de armas deberán ser certificadas por asociaciones civiles, al igual que los organismos públicos o privados dedicados a la certificación ciudadana. Cada ciudadano interesado en comprar y portar un arma deberá completar un proceso riguroso de acreditación.
Los costos de certificación y de las armas serán determinados por el mercado, nunca por las Fuerzas Armadas ni por instituciones gubernamentales.
Los impuestos derivados de este proceso se destinarán directamente a las Fuerzas Armadas como parte de su presupuesto.
De este modo, la seguridad interna y externa de la nación se fortalecerá. Las Fuerzas Armadas seguirán comandando el uso de la violencia en casos necesarios, pero además convocarán a ciudadanos libres, capaces y armados, para defender a la nación en situaciones de extrema necesidad.