En este 2026 se cumplirán cien años del inicio de la Guerra Cristera, uno de los episodios más silenciados, tergiversados y, a la vez, más reveladores de la historia moderna de México. No se trató simplemente de un conflicto armado entre el Estado y un grupo de creyentes obstinados, como a veces se presenta, sino de una fractura profunda entre un poder político que buscaba erigirse como autoridad total y una sociedad cristiana que se resistía a renunciar a su fe, incluso en los ámbitos más íntimos de su vida cotidiana.
Uno de los rostros más incómodos para la narrativa oficial es el de José Sánchez del Río. Tenía apenas trece años cuando decidió unirse a los cristeros. Su decisión no fue fruto de fanatismo infantil ni de manipulación irresponsable, sino de una comprensión sorprendentemente clara de lo que estaba en juego. Cuando le dijo a su madre: “Nunca fue tan fácil ganarse el cielo”, no hablaba desde una evasión de la realidad, sino desde una conciencia moral formada en un cristianismo vivido día a día, no reducido a un ritual dominical ni confinado a los muros de una iglesia.
Que un niño de trece años comprendiera las implicaciones religiosas, políticas y sociales del conflicto dice mucho de la época. El cristianismo no era entonces una actividad periférica de la vida social, sino una cosmovisión encarnada en la familia, en el trabajo, en la educación, en la comunidad y en la forma misma de entender la dignidad humana. La fe no se “practicaba”, se vivía. Por eso el ataque del Estado no fue percibido como una simple reforma legal, sino como una agresión existencial.
La Ley Calles y la aplicación radical de los artículos anticlericales de la Constitución de 1917 no se limitaron a regular el culto público. Lo que ocurrió fue una verdadera invasión de la vida privada de la sociedad cristiana. El Estado no solo se arrogó el derecho de decidir cuántos sacerdotes podían existir, quién podía ejercer el ministerio o bajo qué condiciones se podía celebrar un sacramento; también penetró en la educación, en la familia, en la organización comunitaria y en la conciencia misma de las personas. Enseñar catecismo en una casa, reunir niños para instrucción religiosa o manifestar públicamente la fe podía convertirse en delito. El objetivo no era la neutralidad, sino la domesticación o, en última instancia, la desaparición social del cristianismo.
Este tipo de persecución no fue una novedad en la historia de la Iglesia. Guardaba similitudes evidentes con las grandes persecuciones religiosas de los primeros siglos, cuando el poder político toleraba la fe solo si esta se mantenía invisible, privada y sin capacidad de transformar la sociedad. El cristianismo podía existir, siempre y cuando no se notara. El culto debía ser estrictamente intra-muros, despojado de su dimensión pública y misionera, en abierta contradicción con el mandato evangélico de anunciar la Buena Nueva en todo tiempo y lugar.
Resulta particularmente revelador que, en este contexto, muchas denominaciones protestantes se alinearan con el marco impuesto por el Estado. En su mayoría aceptaron que los templos y la infraestructura religiosa pertenecieran jurídicamente al Estado, que el culto quedara confinado al interior de los edificios y que la fe se redujera a una experiencia privada, sin incidencia pública. Esta postura, presentada como pragmática o conciliadora, terminó por legitimar el mismo esquema persecutorio que había dado origen al conflicto. Al aceptar las reglas del Estado revolucionario, se renunció, quizá sin plena conciencia, a una dimensión esencial del cristianismo: su vocación pública, profética y transformadora.
A cien años de distancia, la Ley Calles ya no se aplica en su forma original, pero su huella es innegable. En muchos sentidos, logró uno de sus objetivos centrales. La fe se volvió, para amplios sectores, una práctica dominguera, administrada, contenida y, en buena medida, sometida al orden estatal. La feligresía aprendió a obedecer sin cuestionar, a delegar responsabilidades que antes pertenecían a la familia y a la comunidad, y a aceptar como “normal” que el Estado monopolice ámbitos que no le corresponden por naturaleza.
La recuperación plena de lo que fue arrebatado no pasa únicamente por la memoria histórica o la reivindicación simbólica de los mártires, aunque ambas son necesarias. Implica una reflexión más profunda sobre la relación entre el Estado y la sociedad civil. Significa volver a llevar al ámbito privado —al que verdaderamente pertenece— todo aquello que hoy se encuentra en manos del poder político sin justificación moral: desde sectores que el propio Estado denomina estratégicos, como la energía, las comunicaciones o las concesiones de tierra, hasta áreas fundamentales como la salud y la educación.
En un orden verdaderamente justo y libre, la educación no debería ser una imposición estatal, sino una decisión familiar. Quien desee una educación religiosa para sus hijos, de cualquier denominación, debería poder elegirla libremente. Quien prefiera una educación laica, también debería hacerlo, pero a través de una oferta privada y plural, no mediante un monopolio ideológico impuesto desde el poder. La libertad no consiste en sustituir una cosmovisión por otra, sino en permitir que las familias y las comunidades decidan conforme a su conciencia.
Recordar la Guerra Cristera no es un ejercicio de nostalgia ni de revancha. Es una advertencia. Es reconocer hasta dónde puede llegar un Estado cuando se considera a sí mismo fuente última de verdad y moral. Y es, también, una invitación a recuperar una fe viva, encarnada y consciente, como la que permitió que un niño de trece años entendiera que había cosas por las que valía la pena darlo todo, incluso la vida.